Digitalizar documentos no es digitalizar la justicia
Durante los últimos años, buena parte de la digitalización de la justicia se ha concentrado en trasladar procesos físicos a plataformas electrónicas. Hoy es posible presentar escritos en línea, consultar expedientes electrónicos, recibir notificaciones digitales y enviar documentos sin acudir físicamente a un tribunal. En México, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación permite presentar demandas y promociones, consultar expedientes y descargar documentos electrónicos, incluso en formatos como PDF, DOC y DOCX. Ese cambio ha mejorado el acceso y ha reducido una parte importante de la carga operativa, pero no significa necesariamente que el proceso haya sido rediseñado de fondo.
En muchos casos seguimos trabajando con la misma lógica del expediente físico, sólo que ahora la información está dentro de una pantalla. Un documento que antes se imprimía ahora se descarga en PDF; una promoción que antes se presentaba en ventanilla ahora se carga en un portal; una resolución que antes se archivaba en papel ahora aparece en un expediente electrónico. El soporte cambió, pero la forma de organizar, consultar y utilizar la información muchas veces sigue siendo prácticamente la misma.
Ahí está una diferencia importante entre digitalizar documentos y digitalizar realmente un proceso. Un expediente electrónico compuesto por cientos de PDFs puede evitar traslados y facilitar el acceso remoto, pero sigue obligando al abogado a abrir archivos, revisar páginas, identificar qué documento contiene determinada información y reconstruir manualmente la historia del asunto. La mejora frente al papel existe, pero conserva muchas de sus limitaciones.
La discusión internacional sobre justicia digital está avanzando precisamente en esa dirección. La OCDE ha señalado que una transformación digital efectiva requiere diseñar procesos desde el inicio pensando en tecnología y datos, establecer estándares comunes e interoperables y evitar sistemas fragmentados que obliguen a los usuarios a repetir información o navegar entre múltiples plataformas (OECD, 2025). El punto no está únicamente en poder presentar un documento por internet, sino en aprovechar mejor la información que ese documento contiene.
Si los datos de un expediente están estructurados, pueden consultarse, relacionarse y reutilizarse de una forma que un conjunto de PDFs aislados no permite. Sería más sencillo identificar fechas relevantes, conocer el estado procesal de un asunto, comparar actuaciones, relacionar resoluciones o detectar información repetida en distintos documentos. La OCDE también ha insistido en que la gobernanza de datos debe ocupar un lugar central en la modernización de los sistemas de justicia, precisamente porque la utilidad de la tecnología depende de que la información pueda administrarse de manera coherente, segura y reutilizable (Byrom et al., 2024).
Esto no significa que el PDF sea un mal formato ni que deba desaparecer. El problema aparece cuando confundimos tener documentos digitales con tener información digitalmente utilizable. Para quien litiga, la diferencia es muy concreta: una cosa es poder descargar un expediente de quinientas páginas desde cualquier lugar y otra muy distinta es poder entender rápidamente qué ocurrió, qué cambió desde la última actuación, qué plazo está corriendo y qué documentos son realmente relevantes para tomar una decisión.
México ya cuenta con infraestructura relevante para el juicio en línea, la firma electrónica y el expediente electrónico, y existe desde hace años un marco normativo específico para esos mecanismos dentro del Poder Judicial de la Federación. Eso representa un avance importante, pero el siguiente paso no necesariamente consiste en digitalizar más documentos, sino en aprovechar mejor la información que esos documentos contienen y en diseñar sistemas que faciliten su consulta, relación y uso.
Un expediente electrónico puede seguir funcionando como un expediente de papel si todo lo que hicimos fue sustituir hojas por PDFs. La digitalización real empieza cuando la tecnología modifica la forma en la que usamos la información y no solamente el lugar en el que la almacenamos.
Juan Sebastián Moncayo Ortega escribe para el blog de IUDEX, la IA legal especializada en derecho mexicano. Contacto: moncayo@iudex.mx.
Referencias
- Byrom, N., Piccinin-Barbieri, M. y Wells, P. (2024). Towards effective governance of justice data. OECD Working Papers on Public Governance, No. 74. OECD Publishing. doi.org/10.1787/d2950e02-en
- OECD. (2025). Toolkit for access to justice and people-centred justice systems. OECD Publishing. www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/toolkit-for-access-to-justice-and-people-centred-justice-systems_b1dd9b25/aecf7f78-en.pdf
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s. f.). Normativa en materia de Tribunal Virtual, Tribunal Electrónico, Juicio en Línea, Expediente Electrónico o Firma Electrónica. www.scjn.gob.mx/normativa/electronico